El fracaso del nuevo sistema de justicia laboral en Oaxaca


Hoy se cumplen 3 años de la entrada en vigor del Decreto que reformó diversas legislaciones y que estableció, entre otros, un nuevo modelo de justicia laboral en México, con lo cual se dio cumplimiento a lo ordenado por la reforma constitucional publicada en febrero de 2017. El decreto en comento marcó la pauta para la entrada en funciones de los Tribunales Laborales y la desaparición de las agonizantes Juntas de Conciliación y Arbitraje, caracterizadas por la lentitud y burocratización de los juicios sometidos a su jurisdicción.

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El 3 de noviembre de 2021, en el Estado de Oaxaca iniciaron funciones el Centro de Conciliación Laboral, así como los dos juzgados en Materia Laboral instaurados por el Poder Judicial del Estado. En el acto hicieron presencia representantes de los tres poderes del Estado y todos aplaudieron los discursos y promesas sobre el nuevo sistema justicia laboral. 

A pesar de los logros y esfuerzos presumidos durante el evento de inauguración, asi como la promesa de que el nuevo proceso atemperaría el reclamo de la injustificada tardanza y la excesiva duración de los juicios; en la vía de los hechos este nuevo sistema no ha representado ningún avance para quienes tienen necesidad de reclamar sus derechos ante esas nuevas autoridad judiciales.

Basta acudir a las instalaciones de los juzgados laborales para darnos cuenta de la falta de personal, expedientes apilados en el piso y la completa ausencia de actividad jurisdiccional, incluso, se ha llegado al extremo de ocuparse las salas de juicios laborales para desarrollar audiencias de carácter penal. Sí tan solo estuvieran cumpliendo con los plazos de la Ley Federal del Trabajo y los objetivos de la reforma, no se darían el lujo de ocupar las salas de audiencias para objetivos diferentes para las que fueron creadas.

Mientras los tribunales laborales federales emiten sus acuerdos y resoluciones en dos o tres días, los juzgados laborales locales en Oaxaca están tardando poco más de un mes para emitir un acuerdo de inicio. Esto, sin tomar en cuenta el tiempo que están tardando para emplazar y notificar a las partes, lo cual no ocurre en menos de quince días.

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A escasos seis meses de la entrada en vigor de la reforma en Oaxaca, no se está cumpliendo su objetivo y puedo asegurar que ya existen rezagos en los juicios y procedimientos iniciados.

Por cada ocasión que los abogados y abogadas llegan a preguntar por sus expedientes, no solo se encuentran con personal poco capacitado en materia laboral, sino también con las mismas respuestas en ambos juzgados: “Tenemos mucho trabajo”, ”no nos damos abasto”, “no contamos con personal”, “solo tenemos un actuario para los dos juzgados”, “solo el juez (a) y el secretario (a) nos estamos haciendo cargo”. A esto debemos agregar que su sistema para registrar promociones y demandas es muy inestable y desde un principio ha presentado fallas.

Esa lentitud y falta de recursos están afectando gravemente los procesos. Por ejemplo, el constituyente permanente decidió mantener las figuras de la réplica y contrarréplica que en el sistema tradicional se agotaban en una sola etapa y en la mayoría de los casos en una sola audiencia. Pero, para este nuevo sistema de justicia laboral el legislador no previó que entre acuerdo y acuerdo existiría más de un mes de distancia.

Otro claro ejemplo es que la lenta actuación de los tribunales está ocasionando que los litigantes de manera paralela presenten su solicitud de conciliación prejudicial y su demanda, eso les permite contar con tiempo suficiente para agotar el procedimiento de conciliación y exhibir las constancias respectivas antes de que se emita el acuerdo de inicio de cada uno de los juicios. Pareciera algo benéfico, pero solo es una consecuencia de la ineficacia con la que se está implementando la reforma.

Desde luego esa lentitud en los procesos no está afectando a todas las partes por igual, pues la parte patronal siempre se ha visto beneficiada con el retardo en los juicios y quien más afectaciones resiente es la parte trabajadora.

No cabe duda que la falta de presupuesto y de personal capacitado para implementar la reforma van a tener repercusiones más fuertes que las que estamos percibiendo en estos primeros meses. En tanto los jueces y servidores públicos no comprenden la naturaleza del proceso laboral, y su diferencia con otros juicios como los de orden civil o familiar, el sistema terminará por colapsar como sucedió con el sistema tradicional y no se cumplirá el espíritu de la reforma que ordenó la transición hacia un nuevo modelo de justicia.

Si la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca, con todas sus juntas especiales, por la excesiva carga de trabajo no garantizaron una justicia pronta; los cuatro juzgados laborales que se pretenden implementar para hacerse cargo de todos los juicios en el Estado, serán por demás insuficientes para cumplir la promesa de dejar atrás los eternos juicios entre patrones y trabajadores.

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